viernes, 20 de enero de 2012

posicion geografica y astronomica de colombia

Ubicacion astronómica de Colombia

diferendo limitrofe entre colombia y venezuela

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ciencias sociales 9 desde :despues del frente nacional

De este pacto, el primer presidente electo para el periodo 19581962 fue Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, seguido por Guillermo León Valencia del Partido Conservador (19621966), Carlos Lleras Restrepo (19661970) del Partido Liberal, Misael Pastrana Borrero (19701974) del Partido Conservador y finalizando con Alfonso López Michelsen (19741978) del Partido Liberal.
Si bien la violencia bipartidista entre liberales y conservadores del periodo 19481958 se conjuró con el Frente Nacional, éste cerró la puerta a terceras alternativas, principalmente de izquierda. Esto, junto con los reductos de la violencia de los años 1950, los movimientos sociales de los años 1960 y el ejemplo de la revolución cubana, dio origen a varios grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965 y el Movimiento 19 de abril (M-19) en 1973.
El 25 de julio de 1958 la colombiana Luz Marina Zuluaga fue elegida Miss Universo en Long Beach, California, para ser hasta el momento la única que del país ha recibido semejante honor internacional. La situación del país era tan delicada, que la soberana mundial de la belleza tuvo que esperar unos días para regresar a su patria, tras lo cual fue recibida con todos los honores en Bogotá y en Manizales.[50]
En 1959 entra en servicio el nuevo terminal aéreo de la capital del país, el Aeropuerto Internacional El Dorado que fue terminado dos años antes durante el gobierno de Rojas.
Ceremonia Inaugural de los VI Juegos Panamericanos, Cali 1971.
Entre el 21 y el 25 de agosto de 1968 el Papa Pablo VI visitó la ciudad de Bogotá, siendo la primera vez que un Papa reinante pisara tierras del continente americano. El Papa inauguró además la apertura de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín el 24 de agosto de ese año que sentó las bases de una aplicación del Concilio Vaticano II para América Latina.[51]
Entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 1971 la ciudad de Cali fue sede de los VI Juegos Panamericanos a los cuales asistieron 2.935 atletas de 32 países quienes participaron en 17 deportes.

Después del Frente Nacional

Fernando Botero, escultor y pintor, llegó a ser uno de los artistas más famosos del mundo. En sus obras ha retratado la realidad nacional de la segunda parte del siglo.
Desde los años 1960 hasta la fecha el país sigue estando afectado por grupos insurgentes irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las varias clases de crimen organizado en Colombia y en años recientes las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Debido a la existencia del problema de la guerrilla el presidente Belisario Betancur en 1982 inició un movimiento de reconstrucción nacional y de integración de la guerrillas al sistema con resultados parciales y a la vez trágicos. En 2002, el fracaso de la negociación del presidente Andrés Pastrana Arango con las guerrillas llevó a la elección de Álvaro Uribe y al desestimarse la necesidad de negociación se presentó en un primer plano la continuación de las estrategias de lucha contra las drogas, en particular con el Plan Colombia.
Durante los años 70 se acrecentó el fenómeno del narcotráfico y debido a esto comenzó una entrada inusitada de dólares al país, a lo cual se le llamó la “Bonanza Marimbera”. Estos capitales ilícitos se legalizaron gracias a la “Ventanilla Siniestra” del Banco de la República durante el gobierno de Alfonso López Michelsen. Estos capitales se juntaban a la vez con otros ingresos derivados de otra bonanza, la de los altos precios de la libra de café, e hicieron que Colombia viviera un auge inusitado en su economía. Sin embargo, en medio de esta falsa prosperidad aumentó el descontento de la clase trabajadora que se vio enfrentada a los problemas inflacionarios que se derivaron de esta expansión, a tal punto que en septiembre de 1977 las centrales obreras realizaron un gran Paro Nacional.
En medio de este escenario de descontento laboral y problemas de orden publico, es electo el Liberal Julio César Turbay Ayala (19781982), y en Septiembre de 1978, siendo ministro de defensa de este gobierno, el General Luis Carlos Camacho Leyva, se decretó una serie de medidas antiterroristas, compiladas en el Estatuto de Seguridad, pero este decreto no tuvo la efectividad esperada; ya que el grupo M-19 realizo operaciones muy sofisticadas como el robo de armas al Cantón Norte de Bogotá (una base del ejército) en medio de la celebración del año nuevo de 1979 y luego en 1980 con la toma de la Embajada de la República Dominicana en febrero de dicho año. Por otro lado, en marco de este Estatuto, los abusos en los derechos humanos y las desapariciones por parte de agentes del Estado aumentaron exponencialmente, y en la lucha contra el secuestro, también fracaso, paso de 44 casos en 1979 a 1126 en 1980. En la década de los 70, empezaron a surgir los grandes carteles de la droga de Medellín y Cali. En un principio se basaron en el negocio de la marihuana pero posteriormente se diversificaron entrando a la producción de cocaína. La marihuana sufrió una caída de precio debido a su siembra en Estados Unidos cuya consecuencia es la desaparición del cartel de la Costa Atlántica que no logro diversificarse. En la región norte de Colombia en 1978, el descuido en la seguridad por parte del ejército a los ganaderos llevo a que éstos crearan grupos armados, hoy conocidos como Paramilitares. Posteriormente en Medellín en 1981 surgió el grupo MAS (Muerte a Secuestradores), igualmente de justicia privada pero conformado por elementos del Cartel de la mencionada ciudad.
En 1982 el periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez es laureado con el Premio Nobel de Literatura por su obra Cien años de soledad la cual resume la historia y la identidad colombiana. La Academia Sueca expresó:
"Por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente".[52]
En febrero de 1982 más de 1.500 delegados de los pueblos indígenas de Colombia se reúnen en un congreso en la ciudad de Bosa para aprobar la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) bajo los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía.[53]
El 1 de septiembre de 1982 llega a Colombia la Madre Teresa de Calcuta, quien visita especialmente a la ciudad de Cúcuta.
En 1982 llegó al poder Belisario Betancur Cuartas del Partido Conservador que gobernaría hasta 1986. Durante su gobierno se lograron hacer algunos acuerdos de paz con las FARC y el M-19. El primero creó el partido Unión Patriótica pero sus miembros fueron asesinados en circunstancias que aún no se esclarecen y que endurecieron más los procesos de paz.[54] Por su parte el 6 de noviembre de 1985 el M-19, después de que se interrumpieron los acuerdos con el gobierno de Betanourt, se tomó el Edificio del Palacio de Justicia en Bogotá. La acción concluyó violentamente con la muerte tanto de los insurgentes como de los magistrados de la Corte cuando el gobierno dio la orden de tomarse el lugar por la fuerza.[55] Los hechos que llevaron a la trágica conclusión de este episodio tampoco fueron esclarecidos y ninguna persona ha sido judicialmente responsabilizada por la muerte y desaparición de las personas que estaban en el Palacio de Justicia.[56]
El Jueves Santo, 31 de marzo de 1983 a las 8:15 de la mañana, hora local, un sismo de magnitud 5.5 en la escala de Richter sacudió el departamento del Cauca y destruyó la antigua ciudad de Popayán. La Unión Europea se comprometió con la reconstrucción y el auxilio a las víctimas.[57]
La prueba de la manera cómo las mafias del narcotráfico comenzaron a influir en la vida política nacional lo constituyó el triunfo de Pablo Escobar con un escaño en el Senado en las elecciones de 1982. La campaña del periódico El Espectador y del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla que denunciaron sus nexos con el crimen organizado, le hicieron perder el escaño y detuvieron su ascenso político. El 30 de abril de 1984 fue asesinado por sicarios en una calle de Bogotá el Ministro Lara, lo que llevó a que el presidente Betancourt aprobara la ley de extradición y diera inicio a la guerra contra las mafias que ocuparía los siguientes diez años. Pero el capo de las mafias comenzó una guerra de terrorismo y magnicidios. La segunda persona que cayó como venganza fue el prestigioso periodistas y director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza cuando sicarios le dispararon frente a la sede del diario el 17 de diciembre de 1986 a las 7 de la mañana, hora local.
Toma del Palacio de Justicia 1985
El 13 de noviembre de 1985 el volcán Arenas del Nevado del Ruiz hizo erupción, la cual generó una gran avalancha de nieve y barro que sepultó a la ciudad intermedia de Armero a las 11:30 de la noche, hora local. Cerca de 25 mil personas perdieron la vida, 20.611 quedaron daminificadas y heridas y son incalculables las pérdidas económicas (4.400 viviendas, 19 puentes, $1.400 millones del comercio).
El 4 de diciembre de 1986 un sicópata de nombre Campo Elías Delgado llevó a cabo una serie de asesinatos primero en el edificio de su residencia en donde mató a su propria madre y a varios de sus vecinos y después en el selecto restaurante italiano Pozzeto en Chapinero. Estos trágicos eventos en los cuales él mismo pereció, son conocidos como la "Masacre de Pozzeto" y fueron llevados a la literatura en la obra "Satanás" de Mario Mendoza y la película del mismo nombre de Andrés Baiz.
Entre el 1 y el 7 de julio de 1986 el Papa Juan Pablo II visitó Colombia, para lo cual recorrió las siguientes ciudades, dirigiendo especialmente en una oración por las víctimas en Armero: Bogotá, Chiquinquirá, Tumaco, Popayán, Cali, Chinchiná, Armero, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.[58]
El 18 de noviembre de 1986 hace su segunda y última visita a Colombia la Madre Teresa de Calcuta y hace una oración en el sitio del desastre de Armero.
El siguiente periodo de gobierno, a la cabeza de Virgilio Barco Vargas, tendría que enfrentar el fracaso de las negociaciones con las FARC y el aumento de la violencia causado por la guerra declarada por el Cartel de Medellín. Esto a tal punto que entre 1989 y 1990 para golpear a la democracia en plena campaña electoral fueron asesinados dirigentes políticos como Luis Carlos Galán del liberalismo y Carlos Pizarro Leongómez quien dirigió la desmovilización del M-19 durante ese gobierno para posteriormente convertirse en partido político.


El 18 de agosto de 1989 el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, fue asesinado en un mitín electoral en la ciudad de Soacha. Su propuesta política incorruptible ante el avance de las mafias fue la principal causa para que estas decidieran cometer este nuevo magnicidio. Inicialmente fueron inculpados Alberto Hubis Hazbún y otras cuatro personas. Sin embargo fueron absueltos por la justicia y dejados en libertad tras 42 meses de cárcel. Tras declaraciones hechas por el confeso narcotraficante Jhon Jairo Velásquez Vásquez (alias "Popeye"), la fiscalía investigó al también político Alberto Santofimio Botero, quien [finalmente], (en sentencia de primera instancia que fue apelada), fue declarado autor intelectual y condenado a 24 años de prisión por el crimen.[59] [60] Con la muerte de Galán, el candidato más opcionado a la presidencia para el siguiente periodo, César Gaviria Trujillo, militante de su movimiento político, tomó sus banderas y fue elegido presidente en 1990.

El 17 de febrero de 1990 muere en la ciudad de Cali el escritor, filósofo y pedagogo antioqueño Estanislao Zuleta, figura destacada de la educación superior en Colombia.
El 26 de abril de 1990 el también candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, quien había sido dirigente guerrillero del M-19 y había conformado un partido de izquierda, fue asesinado igualmente por sicarios. Contrario al proceso de Galán que dio resultados concretos, la muerte de Pizarro permanece en el misterio y la misma afectó gravemente los procesos de paz en el país.[61] [62]
El 28 de octubre de 1994 el médico y científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo presentó la vacuna SPF66 de 40 a 66% de eficacia (adultos) y 77% (niños) en el combate de la malaria. Por ello recibió los premios Robert-Koch en Alemania y el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en España.[63] [64]
El 30 de noviembre de 1995, a las 11 de la mañana, inicia su operación comercial en un primer tramo entre las estaciones Niquía y El Poblado el Metro de Medellín, para ser el primer sistema masivo urbano de transporte de este tipo en Colombia.

Fin de siglo

César Gaviria fue el presidente de la Apertura Económica.
La elección de César Gaviria, quien había tomado las banderas del asesinado líder Luis Carlos Galán, abrieron una nueva época en Colombia. Gaviria arreció la guerra en contra de la mafia con la ayuda de los Estados Unidos y convocó una Asamblea Constituyente el 9 de diciembre de 1990, el mismo día en el que ordenó la toma militar de Casa Verde, bastión de las FARC en La Uribe - Meta. La Constituyente se llevó a cabo en 1991 y promulgó la nueva Constitución Nacional que reemplazó a la de 1886. En dicha Constitución se reemplazó la figura de Estado Social de Derecho por el Estado unitario, descentralizado, con cierta autonomía de sus entidades territoriales, se conserva el periodo presidencial por cuatro años, se establece la Fiscalía como órgano acusatorio dentro del poder judicial, se crea la Corte Constitucional de Colombia, independiente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, se instituye la acción de tutela para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos fundamentales basada en el artículo VIII de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se prohibe la extradición de colombianos, se prohibe la reelección presidencial inmediata y se sientan bases políticas que debiliten el bipartidismo y den una mayor participación democrática a otras opciones. El presidente Gaviria inició también una reforma económica conocida como la Apertura Económica bajo principios neoliberales como la privatización de empresas publicas.
El 2 de diciembre de 1993 a las 14:59 hora local la unidad élite de la Policía Nacional al mando del coronel Hugo Heliodoro Aguilar, interceptaron una llamada del prófugo Pablo Escobar en Medellín. Localizado, el principal líder de las mafias colombianas fue abatido al lado de su guardespaldas.
En 1994 llegó al poder Ernesto Samper Pizano, también del Partido Liberal como su antecesor, cuyo gobierno fue salpicado por el escándalo de los “dineros calientes” provenientes del Cartel de Cali en su campaña presidencial. Todo se recopiló en el famoso Proceso 8000 lo que causó la cancelación de la ayuda militar y antinarcóticos por parte de Estados Unidos y quebró la confianza en la economía dando comienzo a la recesión económica en 1996 que se recrudeció aún más por la crisis asiática y rusa en 1998. Así mismo, la falta de ayuda militar causó que las FARC le propinaran los peores golpes al Ejército Colombiano, además de realizar nuevas modalidades de secuestro como los de tipo masivo en las carreteras.
Andrés Pastrana, el último presidente del siglo XX y el que lideró el más cercano diálogo con las guerrillas.
A este gobierno le siguó el de Andrés Pastrana Arango en 1998, el cual tomó la bandera de lograr la paz con las FARC mediante una serie de acuerdos. El mandatario accedió a muchas de las peticiones del grupo insurgente como darles una zona desmilitarizada que no sirvió para negociar la tan anhelada paz sino como refugio de sus ataques a la población civil, escondite de los secuestrados y de vehículos robados. A pesar de que la guerrilla de la FARC se fortalecía, el ELN realizaba secuestros masivos espectaculares y los paramilitares reunidos en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) masacraron a muchas por ser supuestamente auxiliadores de la guerrilla. El ejército colombiano logró modernizarse y aumentar su pie de fuerza, recibió equipo militar por parte de Estados Unidos como componente del Plan Colombia (cuyo fin es combatir los cultivos ilícitos y por ende el narcotráfico) y logró mantener a raya a los grupos al margen de la ley. En medio de este dantesco escenario, la economía colombiana se logró recuperar pero con un crecimiento muy bajo.
Los hechos acaecidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, llevaron a que esos grupos insurgentes que asolaban el territorio colombiano fueran declarados como grupos terroristas. La paciencia del gobierno Pastrana con respecto a los abusos de las FARC llevaron a que este proceso se rompiera definitivamente el 20 de febrero de 2002.

Siglo XXI en Colombia

Así como 1900 no es el año en el cual sucedieron los cambios significativos para separar la historia de Colombia entre los siglos XIX y XX, tampoco sería el 2000 el que marque la transición entre la Colombia histórica del siglo XX y la del siglo XIX. La reversión del proceso inflacionario que caracterizó el final de los años 1990 fue dado a lo largo de la presidencia de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) generando mayor confianza en la inversión, la cual, por otro lado, se vio afectada por los topes de violencia causados por las FARC en medio del proceso de negociación. En 2002, el fin del proceso de paz de Pastrana y la subsiguiente elección de Álvaro Uribe Vélez, con un nuevo estilo de gobierno y su modelo de seguridad democrática sustentado con el Plan Colombia y el nuevo clima de inversión del gobierno anterior, marcan una principal diferencia.
Estas diferencias se vieron afianzadas con el proceso electoral de 2006 con el cual Álvaro Uribe estrenó la figura de la reelección y el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo se convirtió en la principal oposición al superar en votos al liberalismo. Si bien los partidos liberal y conservador siguen siendo partidos fuertes, parecería que el bipartidismo comienza su declive, no obstante los movimientos que forman la coalición de gobierno están integrados casi en su totalidad por políticos provenientes de los dos partidos tradicionales. Un fenómeno nuevo parece detectarse y es la presencia importante durante los últimos años de los paramilitares de extrema derecha en la alta política.

Inicios del siglo XXI en Colombia

El 9 de abril de 2000 el Papa Juan Pablo II beatifica al presbitero Mariano de Jesús Euse, conocido en Colombia como "Padre Marianito" y siendo el primer colombiano que, sin morir mártir, recibe dicho honor por parte de la Iglesia Católica. Ante ello dijo el Pontifice:
"Si el 9 de abril de hace cincuenta y dos años marcó el inicio de violencias y conflictos, que por desgracia duran aún, que este día del año del gran jubileo señale el comienzo de una etapa en la que todos los colombianos construyan juntos la nueva Colombia, fundamentada en la paz, la justicia social, el respeto de todos los derechos humanos y el amor fraterno entre los hijos de una misma patria.[65]

Una menor de edad en las filas de las FARC.
El fracaso del proceso de paz durante el gobierno de Pastrana fortaleció las guerrillas, especialmente a las FARC que sitiaron prácticamente al país y aumentaron el número de secuestrados. En 1998 el presidente creó la Zona de Distensión que comprendía un territorio de 40.000 km² entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado.[66] El "proceso de paz" se desarrolló entre 1998 y 2002 sin mayores progresos. El 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC-EP Teófilo Forero, secuestró un avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem. La guerrilla liberó ese mismo día a todos los pasajeros excepto al senador.[67] Este episodio y los profundos desacuerdos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla en relación a los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC-EP.
Vicente Castaño Gil, uno de los fundadores de las AUC.
Por su parte, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un movimiento que reunía grupos paramilitares para combatir a las guerrillas, también se fortaleció para empeorar el drama humanitario en el país. Las AUC se crearon en abril de 1997 y bien pronto fueron clasificadas como organización terrorista.[68] Las AUC son acusadas de crímenes contra la humanidad como el desplazamiento forzado de la población, la desaparición de cerca de 15 mil personas, la autoría intelectual y material de campos de exterminio, la muerte de líderes indígenas, sindicalistas y militantes de movimientos de izquierda, la perpetuación de más de 3.500 masacres y el robo de más de 6 millones de hectáreas de tierra.[69] [70]
Este estado de cosas llevaron a que el pueblo colombiano optara por las propuestas de Seguridad Democrática presentadas por Álvaro Uribe Vélez el cual derrotó a Horacio Serpa con el 53.047% de votos en un 46.471% de participación de electores para ser el primer candidato presidencial que gana en la primera vuelta.[71] Su primer periodo presidencial (2002 - 2006) significó un duro revés para las guerrillas, especialmente las FARC, por ejemplo con la captura de uno de los jefes de dicha organización. Por otro lado adelanta acuerdos de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia que permitieron la reinserción de muchos de sus miembros.
Álvaro Uribe Vélez, el primer presidente del siglo XXI en Colombia.
Uribe adelantó también un programa de reformas económicas como la celebración de múltiples tratados de libre comercio y alianzas económicas con países de la Comunidad Europea y América Latina, lo que aceleró el crecimiento económico.[72] Entre 2004 y 2005 lideró la primera reforma a la Constitución de 1991 que permitió la reelección consecutiva del presidente de la república. Ello le permitió presentarse para las elecciones de 2006 en las cuales ganó con una ámplia mayoría debido a los altos índices de popularidad. Sin embargo, en dichas elecciones y por primera vez en la historia nacional, un partido diferente a los dos tradicionales y por demás de izquierda, obtiene una gran ventaja: el Polo Democrático. Muchos opositores al presidente Uribe han intentado relacionarlo con los grupos paramilitares, especialmente porque como gobernador de Antioquia (1995 - 1997) defendió y promovió unas cooperativas de seguridad privada (convivir) que fueron creadas por el gobierno nacional de entonces en 1994. La Corte recibió una demanda de inconstitucional de las mismas en 1997, pero decretó en su favor poniéndole restricciones. Si bien no existen pruebas de la implicación directa de las convivir con grupos paramilitares, la Comisión Internacional de Derechos Humanos objetó que su figura jurídica era riesgosa y podía ser utilizada por los paramilitares.[73] A pesar de que los más dedicados opositores de Uribe han indagado en el pasado judicial del presidente, no existen hasta el momento pruebas que hayan permitido abrirle un proceso en su contra.
Raúl Reyes, uno de los principales líderes de las FARC, murió en el bombardéo que las fuerzas armadas llevaron a cabo contra su campamento en territorio ecuatoriano, en marzo de 2008.
El 25 de abril de 2004 la Iglesia Católica beatifica a un segundo colombiano, esta vez una mujer, la Madre Laura Montoya, una religiosa que trabajó intensamente durante la primera parte del siglo XX con las comunidades indígenas del occidente del país.
En 2006 se abrió en Colombia un nuevo escándalo político que reveló vínculos de notables personajes del gobierno y del Congreso con los paramilitares. Ello abrió un proceso judicial sin precedentes al que se le denomina parapolítica.
Por otro lado, las FARC mantienen secuestrados por más de una década a un gran número de personas entre policías, soldados, políticos y extranjeros. Muchos sectores sociales e internacionales han presionado al gobierno del presidente Uribe para que lleve a cabo lo que se denomina acuerdo humanitario entre el estado colombiano y la guerrilla que permita la entrega de los secuestrados a cambio de los guerrilleros en prisión.
El 5 de diciembre de 2007 la NASA concedió un premio de reconocimiento[74] al científico colombiano Raúl Cuero por el desarrollo creativo y la innovación tecnológica en la remoción de contaminación radioactiva, especialmente producida por el uranio, utilizando material volcánico y sintético creado después de sus observaciones de suelo marsiano.[75]
El 13 de diciembre de 2007 la Corte Internacional de Justicia de La Haya ratificó el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 en el cual Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que fuera declarado nulo por el gobierno nicaragüense el 6 de diciembre de 2001 para denunciarlo ante La Haya con pretensiones sobre las islas. Sin embargo, la Corte dejó abierta la querella sobre la soberanía de los Cayos Roncador, Serrana y Quitasueños, los cuales no están incluidos dentro del Tratado de 1928 por haber estado entonces en querella entre Colombia y Estados Unidos. También permanece abierta la querella sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas entre los dos países.
El 1 de marzo de 2008 un contingente de fuerzas armadas y policiales de Colombia llevó a cabo un intenso ataque aéreo en contra de campamento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano. En dicha operación murió el portavoz de dicho grupo guerrillero, Raúl Reyes, otros 17 guerrilleros, 4 estudiantes mexicanos y un ciudadano ecuatoriano.[76] [77] El hecho desencadenó una aguda crisis entre Colombia, Ecuador y Venezuela, que después incluyó a Nicaragua, en lo que algunas fuentes denominan "Crisis andina"[78] e incluso "Crisis Neogranadina".[79] El 26 de marzo de 2008 muere de un infarto el fundador y máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda Vélez.[80] [81]
El 2 de julio de 2008, en un operativo militar del Ejército de Colombia, fueron rescatados 15 rehenes de las FARC, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses y 11 militares y policías. El rescate fue exitoso debido a que las unidades de inteligencia militar del Ejército penetraron los cuadros de mando de la guerrilla y en el mismo no hubo derramamiento de sangre.
Surgimiento de las Constituciones
Desde hace unos pocos siglos se ha extendido el convencimiento de que los principios que regulan el poder político encarnado en el Estado deben estar contenidos en un documento formal llamado Constitución.
Las primeras constituciones aparecieron como un intento de limitación y fragmentación del poder absoluto de los monarcas durante la época en que predominaron en Europa las llamadas monarquías absolutas, entendidas éstas como la primera etapa del Estado moderno. Esto significa que las Constituciones fueron uno de los instrumentos que sirvieron en la configuración de dicho Estado, en la medida en que este transita hacia el control del poder político.
El constitucionalismo, entendido como doctrina constitucionalizadora, que se produjo primero en los Estados nacionales europeos y en los Estados Unidos y luego poco a poco se fue extendiendo por el mundo, tenía dos ideas centrales, que aún hoy se conservan.
Las constituciones actuales tienen antecedentes en tres tradiciones: la inglesa, la francesa y la norteamericana. Los dos primeros procesos de constitucionalización muestran que mientras para el Derecho inglés la seguridad jurídica y política depende de la tradición normativa, para el Derecho francés estas derivan de la consagración de nuevas normas jFunciones de las Constituciones
1. Garantía de las libertades fundamentales: en tanto las constituciones consagran cartas de derechos fundamentales, los cuáles se entienden como inherentes al hombre. Estos derechos pueden interpretarse como dispositivos de resistencia contra los avatares del poder político.
2. Función constitutiva del Estado: Las constituciones sirven para demostrar ante la comunidad internacional el surgimiento de un nuevo Estado. Por ello todos los Estados luego de independizarse se muestran ante los demás países como portadores de una Constitución propia.
3. Función de estabilización: Las constituciones se caracterizan por poseer una tendencia a la permanencia o si no, a la perdurabilidad, por consiguiente otorgan estabilidad al poder político que se apoya en ellas.
4. Función de racionalización: Las constituciones permiten racionalizar el poder político, esto se logra en parte a través de la aplicación del principio de separación de funciones del Estado (legislativa, ejecutiva y judicial) que garantiza el control del poder público en virtud de la prohibición de concentrar el poder en un solo órgano. Además se logra con normas que determinan las competencias de las autoridades, sujetando por consiguiente el ejercicio del poder a unas normas previas, esto es, el poder queda así sujeto a la legalidad.
5. Función de legitimación del poder político: Debido a que las constituciones incorporan principios políticos democráticos y liberales su existencia, como soporte del poder político lo legitiman, pues configuran el título con base en cual se ejerce el poder.
6. Función de propaganda y educación política: Las constituciones buscan orientar los diversos campos de acción de los miembros del grupo social. Sobre todo cuando se trata de constituciones "dirigentes", las cuáles pretenden implantar cambios en la sociedad y poseen un gran contenido ideológico.
7. Función de cohesión social: la Constitución sirve como elemento aglutinado e integrador de la sociedad. Es por ello que puede afirmarse que la Constitución y el constitucionalismo representan fenómenos sociales que cumplen un papel cercano al que cumplieron los dogmas de la religión católica y la Iglesia misma, durante el medioevo. La constitución es el principal instrumento que posee el Estado moderno para mostrarse como un Estado nacional, esto es portador de la identidad del cuerpo social. De esta manera, la Constitución Política cumple una función simbólica.
8. Función de unificación del ordenamiento jurídico: la Constitución hace aparecer los distintos campos de regulación del Derecho como un orden coherente y compacto a pesar de las contradicciones que puedan existir entre intereses contrapuestos. El orden jurídico que se sustenta en la constitución por ejemplo protege simultáneamente el derecho a la propiedad privada y el derecho a la igualdad material.
9. Función como base fundamentadora del sistema jurídico: La Constitución es la norma básica del ordenamiento jurídico, ello significa que toda la estructura normativa tiene su fundamento en la Constitución. A su vez la Constitución es el principal parámetro de validez jurídica.

. Nociones de Constitución Política
El término Constitución tiene varias acepciones. Puede ser definido en sentido jurídico, material, formal, sociológico y político; en ocasiones estos sentidos se cruzan y se obtienen sentidos mixtos, complementarios y aún contradictorios. Al respecto existe un desarrollo extenso, pues es enorme la cantidad de autores que tratan el tema.
Así, en un una primera acepción, la jurídica, se trata de una norma, de un conjunto de normas con carácter positivo superior, que constituye la fuente de validez derivada, de las normas inferiores, de las actuaciones y hasta de las omisiones de las autoridades. Este concepto se ha clasificado en formal y material.
La Constitución formal es un estatuto normativo consagrado en un texto considerado como superior y que contiene la organización básica del Estado, los principios a los que debe obedecer, su funcionamiento y las relaciones con los particulares.
Según el sentido material la "norma constitucional", o "carta magna", o "norma fundamental", como también se le conoce, es producida por un organismo extraordinario: el poder constituyente, y constituye siempre un acto de carácter político que se refrenda mediante actos de carácter jurídico que tienen efecto legitimador (asamblea constituyente, referendo, acuerdo constituyente, pacto de clases constituyentes, etc.). Dicha función o poder constituyente se atenúa cuando es el legislativo, el que actúa como legislador, el cual es más bien un reformador. Para consolidar el sentido material descrito es necesario integrar el valor normativo de la Constitución, es decir, el reconocimiento de que la Constitución es norma de carácter superior y tiene aplicación directa, que no simplemente se trata de una norma para otorgar validez a la normatividad inferior, sino que ella misma vincula las actuaciones del estado y los particulares. El contenido material se cifra además en la exigibilidad de los principios, valores, fines y derechos consagrados en la Constitución.
Desde el punto de vista sociológico la Constitución real es aquella que obedece a la estructura real del poder político y a los procesos de poder que al interior de un Estado se desarrollan. Se trata entonces de la identificación de las fuerzas políticas y sociales y de su incidencia en el sistema de dominación. Ferdinan Lassalle llama a este tipo de constitución la constitución real.
Desde el punto de vista político, la Constitución recoge las significaciones jurídica y sociológica pero puede haber una significación más: la constitución como fenómeno socio jurídico y político que hace parte de procesos ideológicos e históricos de carácter democrático. Se trata sin duda de una pura reivindicación. Y en tal sentido sería un rasgo del estado moderno.

Contenido de la Constitución
Se trata de establecer qué partes son las que componen una constitución.
Tradicionalmente se ha dicho que la Carta Política está conformada por una parte orgánica y otra dogmática. No obstante, a partir de un ejercicio pragmático de asunción de las constituciones contemporáneas es posible establecer otro tipo de divisiones, más o menos extenso, y que puede cruzarse con el tradicional.
Pues bien, por la parte dogmática de la Constitución (de las constituciones), se habla de aquella parte que consagra valores superiores de una sociedad, que postula los principios y fines estatales, y las libertades a proteger principalmente por el ordenamiento jurídico. En síntesis: : se trata de un conjunto de normas que establecen los principios básicos que orientan la vida del Estado y los derechos de las personas.
La parte orgánica, determina la estructura del Estado, jerarquías, procedimientos y las competencias de los diversos órganos que integran el poder público. Por consiguiente tiene un énfasis instrumental y mecánico en el buen sentido de estas palabras pues organiza los poderes, sus funciones, competencias y hasta procedimientos.
No obstante esta composición básica que presentan las Constituciones se hace un listado de los temas objeto de tratamiento que en ellas encontramos:
  • Preámbulo: se trata de una especie de introducción al texto constitucional que proclama cual es la fuente de legitimidad del poder constituyente, los valores, principios y fines del estado. No obstante, más adelante se definirá de manera más extensa y precisa, pues constituye una unidad especial de este texto
  • Principios fundamentales en los que se sustenta el orden constitucional: se especifican cuales son los principios, valores y fines trazados para el Estado y ellos sirven de normas orientadoras para la interpretación y aplicación constitucional.
  • Catálogo de derechos y mecanismos de protección de los mismos: el documento que integra los diversos derechos reconocidos a la población vinculada con la Constitución. Además se establece cuáles son los instrumentos con los que cuentan las personas para hacer valer sus derechos.
  • Estructura institucional del Estado: enseña como se organiza el poder publico en el respectivo Estado, teniendo en cuenta que las Constituciones modernas normalmente incorporan el principio de separación de poderes, se dice como tiene desarrollo orgánicamente. Se trata de un organigrama de instituciones oficiales, sus relaciones, funciones, competencias y procedimientos para la toma de decisiones importantes de lo nacional, regional y municipal.
  • Control Constitucional: para que la Constitución efectivamente sea la norma básica y superior del sistema jurídico se requiere que en ella misma se contemplen los mecanismos a través de los cuales ello se garantice su superioridad, es decir, debe indicarse cómo se hace efectiva la guarda de la Constitución; veremos que en los Estados constitucionales actuales se opta básicamente por dos tipos de modelos de control de constitucionalidad: control concentrado o control difuso. (Ver capítulo VIII).
  • Procedimientos de reforma constitucional: con el fin de que la Constitución pueda adaptarse a los cambios que supone la vida social y estatal sin que se presenten rupturas es necesario que se prevea de que manera puede modificarse el texto constitucional y por quién o quiénes.
  • Disposiciones transitorias, que van como anexo y después de las disposiciones permanentes, que permiten el paso pacifico del antiguo régimen al nuevo, por el cambio de las constituciones.
  • Finalmente podemos establecer como elemento informante de la Constitución, pero que se hallan diseminados en todo su cuerpo, los elementos de supremacía constitucional, cuyo máximo instrumento se encuentra en el control de constitucionalidad. Son mecanismos dirigidos a establecer la supremacía de la Carta frente a las demás normas jurídicas de la sociedad, fundamentalmente frente a la Ley, que históricamente ha disputado el carácter de superioridad.
Al preámbulo se dedica un capítulo específico, así también a los demás elementos que conforman la Constitución, excepción hecha de las disposiciones transitorias. A ellas han de dedicarse en este espacio algunos renglones.
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su parte final, a manera de anexo, trajo 59 artículos de carácter transitorio, agrupados en ocho capítulos. Las disposiciones estaban dirigidas a permitir un tránsito menos dificultoso del régimen proscrito al nuevo. Para el efecto los constituyentes entre otras materias revistieron de funciones legislativas protémpore al Presidente de la República para expedir normas en las cuales se pusieran en funcionamiento las nuevas instituciones creadas y para que se adelantaran procesos de paz. Se crearon además, por la Constituyente algunos organismos de existencia temporal y con funciones muy precisas; fundamentalmente una comisión especial (de ayuda legislativa al Presidente de la República) y la Veeduría del Tesoro Público. Se establecieron limitaciones a los propios constituyentes para que en los primeros años no pudieran hacer parte de los organismos creados; se expidieron normas sobre las elecciones que debían realizarse.

Antecedentes y contexto del surgimiento de la
Constitución de 1991
La historia colombiana muestra como una característica la tendencia a confiar en que los problemas pueden ser solucionados a través de reformas normativas. Ello se evidencia durante el siglo XIX con sus numerosas Constituciones, las cuales tenían una peculiaridad, como muestra Hernando Valencia Villa: eran "cartas de batalla", es decir, resultaban de la imposiciòn de los vencederos sobre los vencidos en las diversas guerras que se presentaron.
La Constitución de 1991 si bien no comporta esta última peculiaridad, sí evidencia el rasgo más general, pues se produjo en una coyuntura de crisis respecto de la cual se creyó que con la expedición de una nueva Carta Política era posible conjurarla o quizá al menos paliarla.
Tres problemas centrales existían en Colombia en el momento en que sale a la luz pública la nueva Carta: crecimiento del narcotráfico con los males que le eran anejos como un aumento de la violencia y de la corrupción; la crisis política, derivada por una parte de un régimen político restrictivo propiciado desde el Frente Nacional1 , expresado en precarias o casi nulas posibilidades de participación política de otras fuerzas distintas a las del bipartidismo y por otra, derivada de una gran deslegitimación de la política tradicional en tanto no representaba los intereses del conglomerado social y finalmente; una intensificación del conflicto armado colombiano entre guerrillas de un lado y del otro Estado y grupos paramilitares, que empezaban a obtener gran fuerza.2 El recrudecimiento de la violencia política durante la década del ochenta había propiciado la violación y limitación de los derechos humanos por parte de los grupos alzados en armas con su accionar y desde el propio Estado con la aplicación de las llamadas prácticas de la guerra sucia y las medidas legales tomadas a partir de la figura del estado de sitio, que como recurso supuestamente excepcional para restablecer el orden público turbado, fue la regla general en Colombia durante gran parte del siglo XX.
Pero al señalar la complicada coyuntura vivida por Colombia en el período mencionado no puede pasarse por alto que el mundo entero y en aquellos momentos, en especial Latinoamérica se estaba inscribiendo en un nuevo modelo económico, que requería de variadas modificaciones expresadas fundamentalmente en la apertura económica y la detracción del papel del Estado.
Nuestra anterior Constitución databa de 1886, durante su vigencia fue objeto de muchas reformas. Desde 1957 producto de un plebiscito, la posibilidad de cambiarla o modificarla estaba obstaculizada desde la misma Constitución, pues se había establecido que sólo podría ser reformada por acto legislativo proveniente del Congreso, curiosamente el pueblo mismo, el constituyente primario, inducido por el bipartidismo había aniquilado su posibilidad de reformar la Constitución.
Hasta 1990 se habían intentado varias reformas pero estas fueron detenidas por la Corte Suprema de Justicia3 , la cual declaraba la insconstitucionalidad de la respectiva convocatoria con el argumento de que la Constitución sólo podía ser reformada por el Congreso de la República.
En 1990 un movimiento estudiantil impulsado además por fuerzas políticas que estaban en pos de la reforma institucional del Estado logra incluir una pregunta en las elecciones de corporaciones de 1990: "Con el fin de fortalecer la democracia participativa, ¿vota por la convocatoria a una asamblea nacional constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y popularmente, para reformar la Constitución de Colombia?". Nuestra confianza en la capacidad del Derecho para cambiar el mundo tuvo reflejo en la respuesta, el 90% votó por el sí. Se configuró así un hecho político de gran importancia.
César Gaviria ganó las elecciones presidenciales de ese año, antes de posesionarse realiza un acuerdo político con el partido conservador y con el M-19 ya desmovilizado, tendiente a determinar las condiciones de la convocatoria a la asamblea nacional constituyente.
Luego, el 26 de agosto de la misma anualidad expidió el Decreto 1926 en virtud del estado de sitio, mediante el cual se invitó al pueblo a manifestar si estaba de acuerdo o no con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, se ordenó a la Registraduría contar los votos y se expuso el temario convenido en el acuerdo político.
La Corte Suprema de Justicia revisó en ejercicio de sus funciones la constitucionalidad de ese decreto y pese a que establecía un mecanismo de cambiar la Constitución diverso al autorizado en la Carta de 1886 declaró su constitucionalidad invocando la imposibilidad de poner límites al poder constituyente primario.
A finales de 1990 se realiza la consulta mencionada y simultáneamente la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente4 . Además de los partidos tradicionales, liberal, que obtiene la mayoría, y conservador, fuerzas políticas de diversa índole logran incluir sus delegatarios, incluso los movimientos guerrilleros desmovilizados. Es así como en la Asamblea Nacional Constituyente alcanzaron a tener representación minorías que tradicionalmente habían tenido una escasa o nula participación: los indígenas, las mujeres, los grupos religiosos diversos al catolicismo, entre otros.
Esa amplia participación de diversos sectores se tradujo finalmente en una Constitución con muchas normas, que se caracteriza en especial por consagrar una gran lista de derechos, amplios mecanismos de protección de los mismos y mecanismos de participación. Dados los intereses diferentes e incluso contrapuestos de quienes la crearon presenta dificultades para una interpretación unívoca y coherente, pese a la presencia en ella de principios y valores que deben servir como hilo conductor y como marco de análisis.
1El llamado Frente Nacional consistió en un remedio convenido y llevado al plebiscito de 1957 por los dos partidos tradicionales, liberalismo y conservatismo, para poner fin a la violencia política de mediados del siglo XX, se acordó que la presidencia se turnaría durante 16 años entre los dos partidos y que todos los cargos públicos se repartirían equitativamente. No obstante que hacia finales de la década del ochenta ya había expirado el Frente Nacional sus resagos persistían (y aún persisten) en la política colombiana.
2Sin embargo, poco tiempo antes de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente ya se había obtenido la reinserción a la vida civil de varios grupos guerrilleros, lo cual propiciaba la reforma política.
3A quien correspondía bajo la vigencia de la Constitución de 1886 el control de constitucionalidad.
4El texto del voto afirmativo decía: "Si convoco, una Asamblea Constitucional que sesionará entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, la cual estará regulada por lo establecido en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional incorporado al Decreto 1926 de agosto 24 de 1990. Su competencia estará limitada a lo previsto en dicho Acuerdo. Voto por la siguiente lista de candidatos para integrar la Asamblea Constitucional...".
 Aspectos teóricos generales Organización del estado

En este aparte nos corresponde estudiar la llamada parte orgánica de la Constitución, por consiguiente entraremos en el análisis del poder estatal tal como ha sido institucionalizado en la Constitución de 1991 y en la organización del Estado, en otras palabras nuestro propósito es examinar cuáles son las instituciones concretas en que el Estado se materializa.

Existen varias categorías que debemos clarificar antes con el fin de comprender cómo está organizado el Estado en Colombia y como está instituido el poder estatal.

Esas categorías están íntimamente relacionadas y en muchas ocasiones se confunden, para su conceptualización nos apoyaremos en gran medida en la ciencia política, se trata de las siguientes:

Teoría de la división del poder
Régimen político
formas de Estado

formas de gobierno

Funciones del Estado
Conformación rama legislativa


La función legislativa radica en cabeza del Congreso que está integrado por el
Senado de la República y por la Cámara de representantes, corporaciones cuyos miembros son elegidos por votación popular, para un período de cuatro años que se inicia a partir del 20 de julio del año siguiente a la elección.

Si bien es cierto que en la conformación tradicional del Estado de derecho que nos legó la revolución francesa de 1.789, la función legislativa compete única y exclusivamente al Congreso, y al Presidente de la república excepcionalmente, es pertinente hacer notar como, a partir de la carta política e 1.991, alguna Directivas del Banco de la república, emitidas mediante resoluciones, alcanzan a tener fuerza normativa similar a la de la ley, con lo cual se rompe, de alguna manera, el monopolio legislativo del Congreso de la república.


Funciones

La rama legislativa tiene, entre
otras, tres grandes funciones:
·         Clasificación de las leyes
·        
Para una mayor comprensión de la importancia que tienen las leyes, es conveniente partir de la definición del concepto ley. Si se aplica un criterio orgánico y formalista leyes son solamente las expedidas por el Congreso. Pero si se tiene en cuenta un criterio material, ley es una norma general, abstracta e impersonal; estos calificativos significan que la norma jurídica se dirige no a una persona o agente concreto, sino a una categoría o clase de agentes (propietario por ejemplo), la ley por ende no es particular o individual, además significan que la ley no contempla una acción determinada sino una categoría o clase de acciones (por ejemplo el contrato de compraventa genéricamente considerado), por consiguiente la ley no es concreta.

Enseguida se examinarán diversos tipos de leyes de acuerdo a su contenido y a su jerarquización constitucional, para lo cual podemos dividirlas en:

Leyes orgánicas
leyes estatutarias
Leyes marco
Leyes de facultades
Leyes de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente y de convocatoria a      Referendo
Leyes aprobatorias
Leyes ordinarias
  •  Presentación del proyecto o iniciativa.
  • Publicación del proyecto en los anales del Congreso.
  • Discusión, deliberación y aprobación en la comisión respectiva de cada cámara.
  • Aprobación en cada cámara en segundo debate.
  • Sanción, la cual realiza el Presidente de la República. El Presidente puede sancionar u objetar el proyecto de ley2.
2Si objeta por razones de conveniencia se remite de nuevo al Congreso para que lo reconsidere, si el Congreso insiste por mayoría, el Presidente tiene que sancionar el proyecto. Si el Presidente objeta por razones de constitucionalidad, el proyecto también se reconsiderará por el Congreso, si insiste se enviará a la Corte Constitucional para que revise su constitucionalidad. Si la Corte lo encuentra ajustado a la Carta Política, el Presidente deberá sancionar el proyecto, si la Corte concluye que el proyecto viola la Constitución, se dispondrá su archivo (ver artículo 167 y 241 numeral 8º.)
 La rama ejecutiva
Colombia ostenta un régimen presidencialista lo cual quiere decir que el Presidente es el eje en torno al cual gira toda la actividad estatal, lo que da a la rama ejecutiva una marcada prevalencia sobre las otras ramas del poder público.

Características del régimen presidencialista
Conformación de la rama ejecutiva
La carrera administrativa
Los Estados de excepción
 Características del régimen presidencialista
  • El presidente designa libremente a sus ministros, sin tener que hacerlo de acuerdo a la opinión dominante en el congreso.
  • El presidente puede retirar libremente de su cargo a los ministros, por ser empleados de confianza y de libre nombramiento y remoción.
  • Los ministros no están supeditados a las opiniones o caprichos del congreso.
  • El presidente es autónomo en el ejercicio de la función ejecutiva.
  • Los ministros son responsables de sus actos.
  • El presidente ejerce función legislativa y posee iniciativa legislativa.
·         Conformación de la rama ejecutiva
·         El ejecutivo está constituido por:
El Presidente
El artículo 190 de la constitución nacional de 1.991 determina que la elección del presidente debe realizarse cada cuatro años y para ello estatuye el sistema de la segunda vuelta, el cual consiste en que si en la primera elección directa y popular ninguno de los candidatos alcanza más del cincuenta por ciento de los votos debe celebrarse, tres semanas más tarde, una segunda votación entre los dos candidatos que obtuvieron más votos y en esta oportunidad será elegido el candidato que alcance mayor votación.
Si uno de los dos candidatos fallece o queda incapacitado antes de la segunda vuelta será reemplazado por un candidato de su misma corriente política.



Funciones presidenciales
El Presidente de la república posee, a la luz del artículo 189 de la Carta Política, tres títulos: Jefe de estado, Jefe del gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. De allí se derivan una multiplicidad de funciones, agrupadas de acuerdo con el papel que asuma. Haciendo un recorrido por el artículo 189 podemos clasificar las funciones presidenciales de la siguiente manera:

Funciones como jefe de Estado
  • Dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del congreso.
  • Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas.
  • Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuese turbado.
  • Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.
  • Proveer la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado o hacerlo sin tal autorización para repeler una agresión extranjera: y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.
  • Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la república.
  • Expedir cartas de naturalización, de acuerdo a la ley.
Funciones como jefe de gobierno
  • Nombrar y separar libremente a los ministros y a los directores de los departamentos administrativos
    o Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura.
  • Sancionar las leyes.
  • Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.
  • Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes.
Funciones como suprema autoridad administrativa
La cabeza fundamental de la administración es el Presidente de la república ya que a él le corresponde el manejo de la burocracia al igual que todo lo relacionado con la prestación de los servicios públicos y la ejecución presupuestal; para ello el artículo 189 lo faculta, entre otros asuntos, para:
  • Presentar un informe al Congreso, al iniciar cada legislatura, sobre los actos de la administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.
  • Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que mande la administración central, señalando sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos.
  • Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales, de conformidad con la ley.
  • Distribuir los negocios según su naturaleza, entre ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos.
  • Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.
  • Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, de acuerdo con la ley.
  • Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.

La carrera administrativa
Surge la carrera administrativa como una respuesta al inveterado vicio clientelista de la clase política colombiana que ha visto siempre en la burocracia una fuente de enriquecimiento económico y de obtención de mayor poder político.
Con la implementación de la carrera administrativa se busca que accedan a la administración las personas mejor capacitadas y que se ascienda en el escalafón por méritos y no por componendas o manejos políticos.
A fin de lograr estabilidad en los cargos públicos el funcionario de carrera sólo puede ser desvinculado porque se obtenga una evaluación negativa en cuanto a su desempeño funcional, evaluación que debe ser presentada por su superior inmediato, o por el hecho de haber violado gravemente el régimen disciplinario; todo lo anterior sin menoscabo de aquellos casos especiales determinados por la ley (artículo 125 C.P.).
Según la reglamentación todos los empleos en el estado colombiano son de carrera con excepción de:
  • Los funcionarios elegidos popularmente.
  • Los de libre nombramiento y remoción.
  • Los trabajadores oficiales vinculados mediante contrato de trabajo.
  • Los demás funcionarios que determine la ley.

            Los Estados de excepción
La nueva Carta Política consagró en cuatro artículos esta delicada materia. En efecto de los artículos 212 a 215 consagra esta figura. En principio los estados de excepción son de tres clases (aunque podría pensarse en la existencia de otros dos, como se verá más adelante): estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y , emergencia económica, social y ecológica.
Para el desarrollo de los estados de excepción la Carta estableció unas Reglas generales que contienen disposiciones comunes.
 Estado de guerra exterior
El artículo 212, el primero de este capítulo, se refiere a esta especial institución. El Estado Colombiano se ve abocado a enfrentarse con otro Estado porque sus diferencias no pueden solucionarse mediante el ejercicio del diálogo, la relación directa y pacífica para la solución de esos conflictos, ni tampoco mediante la utilización de los instrumentos de mediación y resolución de conflictos existentes en el Derecho Internacional. Puede comenzar de dos maneras básicamente: por la agresión que reciba la República o porque el Gobierno Nacional decida tomar la iniciativa. No obstante en el derecho internacional existen disposiciones de orden consuetudinario que establecen procedimientos mediante los cuales se realizan las declaratorias de guerra. En lo relativo a la normatividad interna constitucional, deberá tenerse en cuenta lo que sigue. El Presidente de la República para declarar el estado de guerra exterior requiere de la autorización del Senado, salvo que deba repelerlo y una vez declarado y repelido deberá reunir al Senado. En este segundo caso las órdenes que imparta estarán destinadas a repeler la agresión, cuidando la integridad del territorio (y su soberanía) procurando el restablecimiento de la normalidad. Los decretos tienen carácter de legislativos, es decir, materialmente se trata de actos equivalentes a las leyes, son materialmente desarrollo de la Función legislativa, que ordinariamente desarrolla el Congreso. Esto mismo es predicable respecto de todos los decretos que se expidan en desarrollo de los estados de excepción y en cualquiera de sus modalidades. En estado de guerra el Congreso se reúne guardando la totalidad de sus funciones constitucionales y legales y podrá reformar los actos del gobierno con la votación especial de dos tercios de los miembros de una y otra cámara legislativa. Así mismo el gobierno deberá estar rindiendo informes al Congreso acerca de su labor.

Estado de conmoción interior
En este caso no se turba el orden público internacional sino nacional, interno. Para el efecto la declaratoria puede ser total, en todo el territorio de la República, o parcial, en parte de él. Las causas que lo originen pueden ser que se atente de manera grave contra la estabilidad institucional o la seguridad interna del estado o la convivencia. Como se dijo antes, los instrumentos jurídicos que en condiciones normales tiene el ejecutivo no deben tener idoneidad para controlar el orden público, pues de tenerlos no se puede hacer uso legítimo de esta institución.
El estado de excepción que se estudia está limitado en el tiempo: Su duración puede ser hasta de 90 días, que pueden ser duplicados por decisión del propio Gobierno Nacional, pero para el efecto requiere de concepto del Senado que resulte aprobatorio.
Los decretos son legislativos y su efecto, como se anotó antes, es el mismo de las leyes, pero por los términos establecidos y en esas condiciones; por ello, las normas expedidas por el Congreso retoman su vigencia, cesan su suspensión.

Estados de emergencia
Bien pudiera hablarse del estado de emergencia económico, social y ecológico, en singular, pero puede también hablarse de los estados de emergencia, en plural, y entonces pensar en ellos como o social, o económico o ecológico, o bien pensar que se pueden presentar circunstancias que comprometan dos de ellos, económico y ecológico, social y ecológico, económico y social. También se habla de grave calamidad pública.
El término establecido para la vigencia es de treinta días (o menos) y consecutivamente sin exceder de 90 días en el año calendario. Además de lo general aplicable a este particular instituto, tiene las siguientes reglas especiales: mediante él se pueden establecer transitoriamente tributos, que regirán hasta el último día del año fiscal siguiente. Habiendo hecho uso de este mecanismo el gobierno deberá comunicarlo al Congreso, para el efecto reunirlo si no estuviere reunido, para que a los diez días de vencida la declaratoria se ocupe del estudio de los respectivos decretos. El informe que sea presentado por el gobierno será estudiado por el Congreso y se pronunciara sobre la conveniencia y oportunidad de la declaratoria y las medidas tomadas. El congreso podrá durante la vigencia del tributo mediante ley tomar determinaciones al respecto, bien para derogar, modificar, ampliar, etc.
De igual manera los decretos están sujetos al control judicial de la Corte Constitucional en las modalidades de control a la forma y al contenido de los decretos, de declaratoria y de desarrollo.

La rama judicial
Corresponde a la rama judicial la administración de justicia la cual debe cumplir dirimiendo los conflictos surgidos entre los particulares entre sí, entre las entidades públicas y entre éstas y los particulares, dando soluciones que estén ajustadas a la Constitución y a la ley, siempre en busca de un verdadero equilibrio entre el espíritu de las leyes y la justicia que debe imperar en la solución de los conflictos.
Jurisdicción y competencia
Organismos que ejercen la función jurisdiccional

La Corte Constitucional
El Consejo Superior de la Judicatura
La Corte Suprema de Justicia
El Consejo de Estado
La Fiscalía General de la Nación
Los juzgados y tribunales
Las autoridades indígenas
Los Jueces de Paz
Por excepción el Congreso, algunas autoridades administrativas y los particulares     investidos transitoriamente de la función judicial
 Jurisdicción y competencia
Antes de abordar el estudio de los organismos encargados de administrar justicia es necesario hacer unas breves consideraciones sobre lo que es la jurisdicción y la competencia.
Por jurisdicción debemos entender la potestad que tiene el Estado para aplicar el Derecho y decidir de manera definitiva los conflictos de intereses. Es una potestad general ya que el Estado está investido de soberanía en cuanto a la aplicación de la ley pero, para una mayor eficiencia en el desarrollo de su función jurisdiccional, ha dividido esta potestad en sectores que conocemos de manera genérica como jurisdicción; es así como hablamos de la jurisdicción civil y agraria, la jurisdicción penal, la jurisdicción laboral, jurisdicción de familia y la jurisdicción contencioso administrativa. Debemos, entonces, entender cada una de estas llamadas jurisdicciones como simples divisiones operativas de la potestad jurisdiccional del Estado.
Ahora bien, por competencia entendemos la capacidad tanto funcional como territorial que el estado confiere a determinados funcionarios para que ejerzan la jurisdicción; tenemos entonces funcionarios que pueden realizar determinadas actuaciones en un determinado territorio, pues están investidos por el estado para ejercer exclusivamente dichos actos dentro de los límites específicos que el mismo estado les demarca. Si ejercen actos diferentes o por fuera del territorio asignado estarían entonces obrando por fuera de su competencia y sus actuaciones carecerían de valor.
 Organismos de control

El constituyente del año 1.991 no se atrevió a calificar a los órganos de control como ramas del poder público con lo cual no se apartó de la teoría clásica del estado de derecho demoliberal que estructura el Estado a partir de las tres ramas clásicas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en el convencimiento de que se han venido desarrollando otros órganos que son igualmente indispensables para la subsistencia misma del concepto de estado de derecho, el constituyente consagró en el artículo 113 de la Carta Política la existencia de éstos, otorgándoles la categoría de "autónomos e independientes" y dotándolos de "funciones separadas" aun cuando enfatizando en la necesidad de que entre ellos y las diferentes ramas del poder público se establezca una "colaboración armónica para la realización de sus fines".

Entre dichos órganos independientes se encuentran los de control. Conforme al artículo 117 de la norma superior se establece claramente que "El ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control".
 El Ministerio Público
"El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas."
Artículo 118 C.N.

La Contraloría General de la República
"La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración."
                                                Artículo 119 C.N.

El Contralor General de la República es elegido por el congreso en pleno dentro del primer mes de sesiones. Es elegido para un período igual al del Presidente de la República, de una terna compuesta por candidatos enviados por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; en los departamentos y municipios corresponde a las asambleas y los concejos, respectivamente, elegir a los contralores para su fracción administrativa y territorial, con lo cual se le resta verticalidad a la escala clientelista en esta institución gubernamental.
Estos parámetros que de forma general esboza el artículo 119 son desarrollados por la constitución en los artículos 267 y siguientes de la carta política.
El artículo 267 plantea un cambio fundamental en el concepto del control al establecer que este se "ejercerá en forma posterior y selectiva" y no en forma anterior y absoluta como se ejercía antes de la promulgación de la Carta Política del año 1.991; con este concepto se flexibiliza la operancia del Estado y se agiliza la puesta en marcha y ejecución de los proyectos estatales; este criterio es reforzado por la figura del control interno que coadyuva a una verdadera eficacia en el ejercicio de una administración transparente y de plenos resultados
Igualmente este artículo 267 determina que son sujetos activos del control fiscal ejercido por la contraloría no sólo la administración sino también "los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación."
El carácter de la contraloría es el de entidad con carácter técnico que goza de autonomía administrativa y presupuestal y que está autorizada para contratar los servicios de entidades privadas colombianas idóneas, a fin de alcanzar el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas.


Funciones del Contralor

Vienen enumeradas en el artículo 268 y son, entre otras:
  • Revisar y fenecer las cuentas de los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía conque hayan obrado.
  • Llevar el registro de la deuda pública de la nación y de las entidades territoriales.
  • Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación.
  • Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.
  • Presentar proyectos de ley relativos al régimen de control fiscal y a la organización y funcionamiento de la Contraloría General.
 La organización electoral
Los órganos que constituyen la llamada organización electoral como sucede con los órganos de control antes estudiados también son autónomos e independientes de las tres ramas del poder público.
La organización electoral se compone por los siguientes organismos: Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del estado civil.


 Consejo Nacional Electoral
El número de miembros que componen el consejo Nacional Electoral será determinado por la ley pero no podrá ser inferior a siete, según se desprende del artículo 264 de la Constitución, artículo que igualmente determina para estos funcionarios un período de cuatro años y les exige a los candidatos a dicha corporación las mismas calidades que se requieren para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y les prohibe la reelección.

Las funciones del Consejo Nacional Electoral las encontramos en el artículo 265 del ordenamiento constitucional y son, entre otras:
  • Ejercer la suprema ejecución y vigilancia de la organización electoral.
  • Elegir y remover al registrador nacional del estado civil.
  • Servir de cuerpo consultivo del gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto.
  • Distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos que establezca la ley.
  • Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.
  • Reconocer la personería jurídica a los partidos y movimientos políticos.

El Registrador Nacional del Estado Civil
Es elegido por el Consejo Nacional Electoral para un período de cinco años y la constitución le exige las mismas calidades que se necesitan para ser elegido Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Dirige la Registraduría, dependencia encargada de las elecciones y tiene bajo su cargo todo lo relacionado con la identificación de las personas y la expedición de las tarjetas de identidad para los menores y de las cédulas de ciudadanía.
Las funciones del Registrador Nacional del Estado Civil son:
  • Dirección y organización de las elecciones.
  • Es responsable de llevar el registro civil y de la identificación de las personas.
  • Puede celebrar contratos a nombre de la Nación, en aquellos casos que ella disponga.
  • Las demás que le fije la ley.
Son igualmente funcionarios de la registraduría los delegados del registrador nacional del estado civil, que vigilan la organización electoral y lo relacionado con la registraduría general en las distintas secciones; los registradores distritales, nombrados, en número de dos, para Santa Fe de Bogotá y los registradores municipales que son dos para municipios con más de cien mil habitantes y uno para municipios con un número inferior.